jueves, 30 de julio de 2015
jueves, 23 de julio de 2015
Estado venezolano debe crear ley antidiscriminación amplia e integral
Comité de Derechos Humanos
Observaciones finales sobre
el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela*
1. El Comité de Derechos
Humanos examinó el cuarto informe periódico presentado por la República
Bolivariana de Venezuela (CCPR/C/VEN/4) en sus sesiones 3164ª, 3165ª y 3166ª (CCPR/C/SR.3164,
3165 y 3166), celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015. En sus sesiones 3191ª
y 3193ª (CCPR/C/SR.3191 y 3193), celebradas los días 20 y 21 de julio de 2015,
aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
Presuntos actos de discriminación
y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género
8. El Comité reconoce la
labor de la Defensoría del Pueblo en relación con los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI).
Sin embargo, le preocupan las informaciones sobre la discriminación y los actos
de violencia, incluyendo asesinatos, que sufren estas personas debido a su
orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 6, 7 y 26).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir
los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan
los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas
apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de
manera eficaz. Asimismo, el Estado parte debe examinar la
posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de lucha contra la discriminación que la
prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva de motivos
de discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.
viernes, 17 de julio de 2015
Más allá de la monosexualidad
La Red LGBTI de Venezuela se complace en invitarlos a su actividad mensual que se realizará el martes 28 de julio de 2015 a las 5:00 pm en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes.
El tema: Más allá de la monosexualidad.
Se estima que
alrededor de 20% de las personas son bisexuales.
¿Qué sabemos
realmente sobre ellos?
¿Les tomamos en
cuenta en nuestras reivindicaciones?
¿Les
estereotipamos o invisibilizamos?
¿Somos bifóbicxs?
En esta oportunidad será presentado por Manuel Escalona Lugo, activista independiente miembro de la Red LGBTI de Venezuela.
Manuel Escalona es estudiante de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela. Su activismo se inició como voluntario en la Red LGBTI de AIVEN hasta el año 2007.
Desde el año 2010 y hasta el 2013 se desempeño en varios cargos en España. Fue socio y voluntario de COGAM, fue representante en el Área Federal de jóvenes de la FELGTB, y representante ante el Consejo de la juventud de Madrid.
Posteriormente fue representante de la FELGTB ante la CJE y ante la IGLYO.
Así mismo se desempeñó como Coordinador del Área Federal de la FELGTB y miembro de la comisión permanente de esta institución.
A su regreso a Venezuela ingresa al equipo de Pro-Inclusión, ala LGBTI del Partido Político Voluntad Popular.
Hoy en día forma parte de la Red LGBTI de Venezuela como activista independiente.
Hoy en día forma parte de la Red LGBTI de Venezuela como activista independiente.
Fecha: Martes 28 de julio de 2015
Hora: 5:00 a 7:30 p.m.
Lugar: Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, Municipio Chacao.
Punto de referencia: a una cuadra y media de la Estación Miranda del Metro de Caracas, frente a Parque Cristal, entre la Av. Francisco de Miranda y el Wendys de Los Palos Grandes.
La Red LGBTI es una instancia que agrupa a varias organizaciones con trabajo en derechos de personas LGBTI y de personas con VIH/Sida, así como a activistas individuales.
lunes, 6 de julio de 2015
Persisten ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela
Persisten los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y la inacción del Estado para detenerlos e impedirlos.
Comunicado conjunto de las organizaciones de Derechos Humanos.
Lunes 06 de julio de 2015, 10 am, Parroquia Universitaria, Salón Monseñor Romero
Diversas organizaciones, así como defensores y defensoras de derechos humanos denunciamos que, de manera sistemática y haciendo caso omiso a las continuas solicitudes que han hecho los órganos de Naciones Unidas a las autoridades venezolanas de garantizar la seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos, incluyendo el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha persistido en tomar represalias contra defensores y defensoras a causa de su participación como corresponde a los procedimientos establecidos en audiencias de los exámenes de Venezuela sobre cumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, usando la descalificación y la incriminación pública en el programa de televisión semanal del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), “Con el Mazo Dando”, que conduce personalmente el Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello.
En dicho programa, el Presidente de la Asamblea Nacional presenta reportes de supuestos “patriotas cooperantes anónimos” cuya responsabilidad acerca de su concepto y contenido editorial ha sido asumida por su propio conductor, en los que se divulga información e imágenes fotográficas que denotan un patrón de vigilancia permanente sobre movimientos migratorios y actividades de los defensores y defensoras, deformando deliberadamente su labor con el forjamiento de datos falsos a objeto de criminalizarlos y exponerlos al escarnio público. Las emisiones de estos reportes han coincidido con actos de hostigamiento registrados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por parte de individuos vestidos de civil dentro de las zonas internas de inmigración y fuera de las instalaciones del aeropuerto.
Los defensores y las defensoras de derechos humanos a quienes se han dedicado los referidos reportes de “patriotas cooperantes” son Marco Ponce, Rafael Uzcátegui, Liliana Ortega, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Rocío San Miguel, Feliciano Reyna, Mariengracia Chirinos, Carlos Nieto Palma, Quiteria Franco y Francisco Valencia. Más recientemente, a raíz de su participación durante las sesiones del examen de Venezuela en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizadas por el Comité de Derechos Humanos los días 29 y 30 de junio en Ginebra (Suiza), en el programa “Con el Mazo Dando” del 01 de julio de 2015, se dedicaron nuevamente reportes a Feliciano Reyna y a Rafael Uzcátegui, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Alfredo Romero, Tamara Súju y Rocío San Miguel.
En este sentido, queremos expresar nuestra condena a los actos referidos de descalificación, acoso y difamación pública de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela; informamos que serán activados todos los mecanismos para su denuncia en su carácter de ataques contra la defensa de los derechos humanos y el derecho de las víctimas a buscar justicia, conforme a lo dispuesto en el derecho internacional y en la Constitución venezolana; y advertimos que estos actos no solamente muestran el desconocimiento y menosprecio de autoridades del Estado venezolano hacia los derechos humanos, aumentando las alarmas de atención, desconfianza y rechazo de la población y de la comunidad internacional hacia la conducta del gobierno; sino que no tienen ni tendrán el efecto de intimidar o neutralizar la labor de los defensores y defensoras.
Por el contrario, ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando firmemente por las víctimas y por los derechos humanos, lo cual incluye seguir usando los mecanismos internacionales de protección, y responsabilizamos al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por la integridad personal de las defensoras y los defensores señalados; asimismo se alerta a la comunidad internacional por la conducta contumaz del Presidente de la Asamblea Nacional, y se exige a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como Jefa de la Misión venezolana ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, velar porque el Estado cumpla con su obligación de garantizar el trabajo de defensores y defensoras, y de sus organizaciones, sin intimidaciones ni represalias.
Se anexa transcripción de palabras de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; del Presidente del Comité de Derechos Humanos, Fabián Salvioli y del Experto Independiente del Comité, Olivier de Frouville.
Fiscal invita ONG a dialogar y garantiza a ONU no represalias
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz: “Yo quiero hacer referencia que yo insto a las organizaciones no gubernamentales aquí presentes, grupos de derechos humanos, defensores y demás miembros de estas organizaciones. Bueno no es la primera vez que yo me he reunido con ellos una vez más los invito a que establezcan un diálogo realmente constructivo para mejorar las políticas públicas de protección a los derechos humanos. Ya ustedes son testigos, los que están presentes que me he reunido con Amnistia Internacional, con provea, el Foro Penal, con Jennifer Mac Coy, y otro grupos. Yo personalmente los he recibido, algunos de ellos y que también me he reunido con la esposa del Sr. Leopoldo López”.
Presidente Comité, Fabián Omar Salvioli: “Yo recibo con tranquilidad, el llamado y la apelación de la jefa de la delegación a las organizaciones no gubernamentales, esto me parece imprescindible, toda vez que se habían manifestado preocupaciones en torno a que quienes participan en organizaciones no gubernamentales no reciban represalias por la manera en que trabajan en materia de derechos humanos o cooperan con los órganos de protección de derechos humanos. Yo me quedé muy preocupado cuando un integrante de la delegación realizó determinadas aseveraciones y me quede muy tranquilo cuando la jefa de la delegación en su cierre, hizo este llamado a las organizaciones no gubernamentales. Yo confío efectivamente en que ninguna persona, ninguna persona que ha traído información con este comité, coopera con este comité, brinda información desde la sociedad civil, va a recibir ningún problema por la manera en la que lleva a adelante su trabajo.”
Que ningún Defensor de DDHH sea criminalizado al finalizar las audiencias del Comité de DDHH
Olivier de Frouville: “Quisiera añadir algo, si este tipo de palabras iban destinadas a nosotros es una señal negativa y da una impresión negativa porque podríamos imaginar así quizás qué pasa dentro de las fronteras? Teniendo en cuenta esas críticas si nosotros mismos nos vemos acusados que estamos haciendo un complot, los que son críticos a nivel nacional igualmente ellos también se verán acusados de complot cada vez que critican las políticas, algo que me preocupa mucho así que reitero las inquietudes que se presentaban ya esta mañana y reitero además la petición que ya ofreciera la delegación que nadie se vea ante problemas cuando acabe este diálogo. Bien sólo voy a hacer un par de comentarios breves, pero hace un momento se decía que los defensores de los derechos humanos no tenían nada que temer”.
viernes, 3 de julio de 2015
Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH
Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH
19 de junio de 2015
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante estas sesiones, la CIDH eligió a sus autoridades, y su mesa directiva quedó integrada por Rose Marie Antoine como Presidenta, James Cavallaro como Primer Vicepresidente, y José de Jesús Orozco Henríquez como Segundo Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de la Comisión, el primer día del Período de Sesiones. Los otros Comisionados y Comisionadas miembros son: Tracy Robinson, Felipe González, Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.
Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe “Derecho a la verdad en América”.
La CIDH recibió información de que las personas de algunos países han sufrido represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas. En este informe se presenta un resumen de cada audiencia, en el orden cronológico en el que fueron realizadas.
Caso 12.797 – Linda Loaiza López Soto y otros, Venezuela
En el transcurso de la audiencia, las partes presentaron información sobre el fondo del caso. De tal forma, Linda Loaiza López ofreció su testimonio describiendo los hechos relativos a la privación de su libertad y los graves actos de violencia sexual, física y psicológica a las cuales fue sometida por Luis Carrera Almoina. También compartió con la CIDH información sobre las numerosas barreras que enfrentó para acceder a la justicia y por qué considera que su caso permanece impune. El Estado por su parte destacó que existen dos sentencias emitidas por el poder judicial en este asunto, a la vez que destacó la independencia de dicho poder. Los representantes alegaron que el Estado Venezolano hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos en este asunto.
Situación general de derechos humanos en Venezuela
Durante la audiencia, la Comisión recibió información de la sociedad civil sobre la alegada injerencia del Poder Ejecutivo y el partido político oficialista en las instituciones del Estado, lo que tendría un impacto directo en la protección de los derechos humanos en el país. Las organizaciones destacaron la situación del Poder Judicial con relación al alto número de jueces y juezas, que según cifras oficiales, se encuentran en situación de provisionalidad. En tal sentido, las organizaciones participantes indicaron que los procesos de designación de altas autoridades del Poder Público se realizarían sin garantías suficientes para la vigencia del pluralismo, e informaron sobre hechos de persecución política. También presentaron cifras sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, y la grave situación de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH recibió denuncias sobre el incremento en la intimidación y hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, y en particular, a quienes acuden ante instancias internacionales, como por ejemplo las audiencias públicas en la Comisión Interamericana. Por su parte, los representantes del Estado cuestionaron la información aportada en relación con la situación de jueces y juezas provisionales, señalando que si bien la cifra es del 66%, el Estado viene realizando importantes esfuerzos para lograr su disminución. Asimismo, consideraron como un avance la instauración de la jurisdicción disciplinaria judicial en el año 2010 y destacaron que el Ministerio Público viene adelantando importantes acciones en la “lucha contra la vulneración de derechos fundamentales”. Finalmente, la Comisión recibió con preocupación información sobre la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de la fuerza letal y armas de fuego en el control de manifestaciones. Según lo señalado por el Estado, la Resolución regula el uso progresivo de la fuerza cuando sea necesario el control de manifestaciones que se tornan “violentas”.
Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela
En relación con la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) en Venezuela, las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron que altos funcionarios se han pronunciado públicamente de manera discriminatoria respecto de dichas personas. Según informaron las organizaciones, en Venezuela no hay reconocimiento de las familias diversas; existe discriminación en el ámbito de la salud; y no se llevan adelante investigaciones en los casos de crímenes de odio de personas LGBT, aún cuando incluyen ataques y detenciones ilegales por parte de agentes estatales. En tal sentido, destacaron que la situación de impunidad se agrava considerablemente en el caso de personas trans que ejercen trabajo sexual. En relación con la actividad de defensores, alegaron haber recibido amenazas relacionadas con el ejercicio de su defensa de personas trans, e indicaron que el Estado cierra espacios de participación a organizaciones que critican la situación de derechos de personas LGBT. Por su parte, los representantes del Estado indicaron que la discriminación contra personas LGBT es un tema cultural, y se refirieron antecedentes jurisprudenciales y medidas legislativas en garantía de los derechos de personas LGBT. Adicionalmente, indicaron que la Defensoría del Pueblo ha adoptado varias medidas en materia de capacitación de agentes estatales, aunque reconocieron que existen retos para la inclusión plena de personas LGBT. La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.
Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela
En la audiencia referida a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, los solicitantes indicaron que si bien en su momento se dio la implementación de una serie de políticas sociales (misiones), a partir del año 2012 se inició un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Las organizaciones participantes sostuvieron que no se han publicado las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014, pero que el agravamiento de diferentes indicadores (inflación elevada, crisis en la prestación de servicios básicos y desabastecimiento generalizado) hace sostener que las cifras van en progresivo aumento. Asimismo informaron que se ha restringido el derecho a la educación plural y que se producen distintas violaciones al derecho de reunión pacífica, como por ejemplo el caso del estudiante Kluiverth Roa, quien según indicaron, murió por arma de fuego en una manifestación pacífica. En cuanto al derecho a la salud sostuvieron que los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, no funcionan conforme a los estándares mínimos (deterioro de las estructuras y el desabastecimiento de insumos y medicamentos). En particular, las organizaciones participantes de la audiencia solicitaron a la Comisión que no haya hostigamiento contra defensores y defensoras, organizaciones, y contra quienes trabajan en el ámbito del derecho a la educación y la salud que están documentando y denunciando las referidas violaciones en el país. Por su parte, el Estado informó sobre las gestiones emprendidas para dar cumplimiento a los objetivos del milenio de Naciones Unidas y manifestó que, junto con otros países de América Latina, ha sido ejemplo de desarrollo social. Adicionalmente, los representantes del Estado aseguraron que en Venezuela no hay ataques a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. En cuanto a las cifras presentadas con relación a la pobreza, el Estado solicitó que dichos análisis se hagan científicamente y acudiendo a la verdad, sin que esto signifique que no se haga el trabajo de alerta cuando se detecten violaciones.
Tomado de la página de la OEA
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