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Quiteria Franco ejerce derecho de palabra en Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Foto de Unión Afirmativa de Venezuela |
Texto de Daniel Rojas. Publicado en Contrapunto.
Miércoles, 29 de Junio de 2016 a las 7:27 p.m.
A juicio de Quiteria Franco, en
Venezuela no existe impedimento legal para reivindicar y consagrar los derechos
de la población no heterosexual
El reconocimiento legal de las
parejas conformadas entre personas del mismo sexo, legalizar la identidad
trans, sancionar cualquier tipo de discriminación, así como tipificar los
crímenes de odio conforman la agenda de necesidades prioritarias que presentó,
este miércoles, la Red LGBTI ante la Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional (AN).
Por segunda vez este año, la
coordinadora de dicho colectivo, Quiteria Franco, tuvo derecho de palabra en el
Parlamento y entregó un documento que específica los alcances y la urgencia
social de cada propuesta.
Resaltó que si algo, actualmente,
parece estar a favor de la población LGBTI del país es la voluntad
parlamentaria para legislar a su favor y consagrar derechos humanos.
“Desde los últimos 17 años hemos
venido muchas veces a esta Asamblea y, lamentablemente, no encontramos un
interlocutor sensible a los Derechos Humanos. Eso, afortunadamente, creemos que
está cambiando en esta nueva gestión de la Asamblea”, añadió.
Explicó que el reconocimiento
legal de las parejas del mismo sexo es insoslayable y recordó que el 28 de
febrero de 2008 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un caso de Unión
Afirmativa, ratificó que el matrimonio en Venezuela se define como la unión
entre un hombre y una mujer, de acuerdo con el artículo 44 del Código Civil.
Puntualizó que dicha resolución
le dejó al Parlamento venezolano la potestad de legislar y crear un nuevo
estado civil que puede ser unión civil.
Al respecto, Un Nuevo Tiempo
(UNT) promueve la reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil para establecer
el reconocimiento de uniones civiles igualitarias entre parejas del mismo sexo.
“No puede ser que dos personas
del mismo sexo, que tienen años unidas como pareja, cuando una de ellas dos
fallece o se separa no se les reconozcan sus derechos patrimoniales. Esas son
parte de las reivindicaciones justas por las cuales ha venido luchando la
comunidad Lgbti y que nosotros impulsaremos desde la Comisión de Política Interior”,
señaló la parlamentaria.
Con relación a la identidad
trans, Franco aseveró que con el reconocimiento a la identidad de estas
personas se les permitiría dejar de ser excluidos del sistema educativo, así
como acceder a derechos básicos como la vivienda, la salud, entre otros.
“(Las personas trans) Son echadas
de sus hogares, son excluidas del sistema educativo, son discriminadas en su
lugar de trabajo y las que han logrado culminar una carrera universitaria, al
momento de ir a buscar un empleo se les niega, por existir incongruencia entre
su aspecto físico y lo que dice su documento de identidad”, señaló.
A pesar de que Ley Orgánica de
Registro Civil, publicada en gaceta oficial en 2010, establece en su artículo
146 que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez (…)
cuando este sea infamante, la someta al escarnio público”, en esta no se
menciona ninguna posibilidad de cambio de género sexual en la documentación
personal.
“Recuerdo claramente la
declaración de la diputada, para ese entonces, Iris Varela que dijo que las
personas trans podrían lograr el cambio de su identidad, sin embargo como no
quedó establecido de manera clara lo que ha privado en los registros en el país
es la discrecionalidad del empleo. Ninguna persona trans, hoy en día, ha podido
realizar el cambio de su nombre y de su identidad en el documento de identificación”,
apuntó Franco.
Entretanto, el impulso de una
normativa contra los crímenes de odio, que es otra iniciativa que también
estipula Un Nuevo Tiempo, busca otorgar protección a la integridad física y a
la vida de las personas LGBTI. También permitirá investigar y sancionar las
conductas y prácticas violatorias de los derechos a su vida y a la seguridad
personal.
“Cuando se asesina a una persona
por motivo de su orientación sexual, su identidad o expresión de género estamos
en presencia de un crimen de odio”, mencionó.
Franco precisó que Acción
Ciudadana contra el Sida, una organización miembro de la Red LGBTI, desde el
año 2008 ha documentado los crímenes de odio en Venezuela, de acuerdo con investigaciones
hemerográficas.
En ese sentido, recordó que el
documento publicado por la organización en 2015 denunció que entre el período
2013-2015 se cometieron unos 175 crímenes de odio, de los cuales 75 fueron
asesinatos a personas trans o a homosexuales.
“Al igual que el resto de
asesinatos en el país están en la impunidad, no se hace mucho desde los
organismos del Estado”, dijo.
Indicó la activista LGBTI que en
el último informe que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en el 45% de los casos que se recibe en el Ministerio Público y en
la Defensoría del Pueblo hay, al menos, una persona LGBTI involucrada.
Sentenció que se debe aprobar una
ley antidiscriminación que garantice la inclusión plena de la población LGBTI
en las políticas públicas del Estado, a fin de que le sean consagrados sus
derechos a vivir libremente su orientación sexual o su identidad y expresión de
género.
Videos cortesía de Unión Afirmativa de Venezuela
@unionafirmativa
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